POLÍTICAS DE INCLUSIÓN
Ángel Custodio Cabrera, Ex ministro de trabajo (2020 - 2022)
UNA MIRADA A LA INCLUSIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD
El abogado Luis Gómez analizó la situación de las personas con discapacidad en relación a su participación en el mercado laboral.
De acuerdo con el Registro para la Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad, en Colombia el 80 % de las personas que afronta esta situación no tiene ningún tipo de contrato o vinculación laboral.
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Asimismo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE), en su informe ‘Estado actual de la medición de la discapacidad en Colombia’, menciona que entre abril y diciembre del 2021, apenas una de cada cinco personas con discapacidad pudo trabajar en Colombia.
Foto: Departamento Administrativo de la Función Pública
También, se debe mencionar que en el informe se señala que Colombia tiene 2’650.000 personas que tienen algún grado de discapacidad, de los cuales 1’900.00 se encuentran en edad de trabajar (PET), es decir, el 5,1% de la fuerza laboral del país. No obstante, entre las personas con discapacidad en edad de trabajar, solo el 21,9% participó en la fuerza laboral entre abril y diciembre de 2021, en comparación con el 63,6% de las personas sin discapacidad, lo que muestra la gran brecha de inclusión laboral de las personas con discapacidad.
Ahora bien, Luis Alberto Gómez Sanabria, líder de la estrategia de Inclusión laboral para las personas con discapacidad del Departamento Administrativo de la Función Pública, explicó cuáles han sido las acciones ejecutadas por esta entidad en los últimos años para promover y garantizar la inclusión laboral de las personas con discapacidad.
“Nosotros creamos un grupo de trabajo con la Procuraduría General de la Nación para efectos de socialización del decreto 2011 de 2017, que es un decreto que establece los porcentajes mínimos de vinculación en las entidades públicas, los cuales varían según el número de servidores en cada la planta.
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Es por esto, que empezamos a trabajar desde el 2018 con el objetivo de llegar a todas las entidades, territorios, gobernaciones, alcaldías y ministerios, para socializar con ellos el decreto 2011, ofrecer asesorías en temas de ajustes razonables y así invitarlos a cumplir con este propósito de inclusión laboral de las personas con discapacidad”.
A su vez, Gómez comentó que, al recorrer todas las entidades, el Departamento Administrativo de la Función Pública logró identificar 5 barreras en particular, las cuales hacen referencia a barreras de tipo comunicativas, informativas, físicas, interactivas y actitudinales.
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Justamente, Luis hizo énfasis en esta última barrera, pues la considera la más compleja porque requiere de la disposición del equipo de trabajo y de la entidad a la que llega la persona con discapacidad, para que esta misma no se sienta discriminada y pueda adaptarse correctamente al entorno.
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En este sentido, hay que señalar que, de acuerdo con el ministerio de salud y protección social, las actividades que más se les dificultan a las personas con discapacidad son caminar, correr o saltar; pensar, memorizar; percibir la luz o distinguir objetos; hablar y comunicarse; desplazarse entre otros.
En el desarrollo de este proceso Gómez también destacó la labor que cumple el Sistema de Información de Gestión de Empleo Público (SIGEP), pues es allí donde se alberga toda la información de los servidores públicos del estado. Gracias a este sistema Función Pública puede saber con exactitud, cuáles son las entidades que están cumpliendo con la cuota mínima de vinculación laboral de personas en condición de discapacidad y también quienes por el contrario no lo hacen.
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En este último caso, Función pública se acerca a las entidades para conocer cuáles son las dificultades que están presentando y de esta forma los orienta a cumplir con la inclusión laboral de la población con discapacidad.
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Según, la información recogida por este sistema de información para marzo del 2018, 1190 servidores públicos con discapacidad se encontraban vinculados al estado, un porcentaje muy diferente al que se registró en el último corte realizado el 28 de febrero de 2022, donde se registraron 10915 personas con discapacidad (8.611 servidores y 2.304 contratistas).
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En este sentido se evidencia un aumento significativo, sin embargo, la cifra registrada en este último corte se encuentra lejana a lo planteado por el gobierno nacional en su plan nacional de desarrollo 2018 - 2022, donde se espera cumplir con la meta de vincular al estado a un total de 12.000 personas en condición de discapacidad para el mes de agosto del presente año.
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Respecto a esto, Luis Gómez explicó algunos factores que pueden estar influyendo en la cifra actual que se maneja en el SIGEP. “Estamos en un periodo muy particular, son las elecciones y entonces estamos en ley de garantías que entró en vigencia el 28 de febrero, entonces hasta esa fecha se podía contratar y por eso tenemos ese corte hasta esa fecha, pero terminada las elecciones volveremos a retomar otro corte que aproximadamente será para finales del mes de julio”.
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Por otra parte, Gómez señaló que otro de los factores que puede estar influyendo en la cifra del SIGEP, es la dificultad que tienen las personas para reconocer su discapacidad puesto que algunos servidores públicos con discapacidad no les interesa que se sepa que son personas con discapacidad.”
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Algunos de ellos no se auto reconocen como personas con discapacidad y por lo tanto no aparecen en el registro cuando las entidades presentan los reportes al SIGEP. En estos casos nosotros hablamos con las personas para indicarles los beneficios a los que tendrían derecho si auto reconocen su discapacidad, los cuales están representados en beneficios de subsidio para vivienda, transporte, educación, entre otros”, agregó el funcionario del Departamento Administrativo de la Función Pública.
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Durante la entrevista, Luis también aprovechó para hablar sobre la situación actual de Colombia en comparación con otros países respecto a la inclusión laboral de personas con discapacidad. “Vamos por buen camino, estamos aprendiendo y cada día extraemos experiencias novedosas que nos ayudan en este propósito.
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Por ejemplo, en el decreto 2011 el estado colombiano con el propósito de vincular a personas con discapacidad en el sector laboral estableció un porcentaje que oscila entre el 2 y 4 % dependiendo de la planta, si lo comparamos con otros países es bajo. En Europa tenemos a España que tiene 6%, Francia 7%, y si buscamos ejemplos más cercanos tenemos a Chile con un porcentaje de 4% o Argentina que tiene el 4,5%”. Adicionalmente, Luis reconoció que se deben seguir incentivando cambios para incluir laboralmente a las personas con discapacidad.
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“Considero que debemos avanzar más, es decir, ampliar el porcentaje mínimo de vinculación de las personas con discapacidad, hemos hecho algunos acercamientos con senadores y representantes en el congreso porque nos hacen falta políticas, apenas se está abriendo el debate, pero actualmente Colombia no se encuentra preparada para ello. Con las experiencias que hemos conocido de otros países estamos seguros de que podemos avanzar en el camino”, concluyó Gómez.
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El panorama para las personas con discapacidad en materia laboral es retador, puesto que las personas que tienen discapacidad enfrentan una brecha importante frente a las personas que no padecen esta situación.
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Un ejemplo de ello es, la diferencia de 22,6 puntos porcentuales que registra el DANE en su informe, dado que solo el 27,6 % de las personas con discapacidad realiza actividades remuneradas, frente al 50,2 % de las personas sin discapacidad.
Finalmente, Gómez destacó la importancia que tiene pensar en el bienestar de las personas con discapacidad y su inclusión en el mercado laboral.
“Nosotros debemos favorecer el entorno de las personas con discapacidad para que ellos puedan desarrollarse, y entonces en ese orden de ideas la actividad laboral es un medio muy apropiado para que las personas ejerciten sus capacidades, sus facultades, sus competencias.
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Lo que tenemos que hacer como país es simplemente realizar los ajustes razonables necesarios para poder mejorar la condición de vida de esta población”.